CASOS HISTORICOS

Ricardo Barreda

El domingo 15 de noviembre de 1992, el dentista Ricardo Barreda discutió con Gladys Mc Donald, su mujer. Después, buscó una escopeta calibre 16,5 que le había regalado su suegra y asesinó a las cuatro mujeres que vivían con él en la casa de la calle 48, entre 11 y 12, de La Plata: su hija Adriana, de 24 años, su esposa, su suegra y su otra hija Cecilia de 26.

Terminada la matanza, salió de su casa a encontrarse con una amante, Hilda Bono. Estuvo con ella dos horas y media en un hotel alojamiento. A la noche, fueron a comer pizza y después Barreda acompañó a Hilda Bono hasta su casa. Tres días después, la Policía lo detuvo.

Barreda fue condenado a reclusión perpetua en el juicio oral y público con mayor audiencia de la historia penal argentina. Fue condenado por el delito de triple homicidio calificado y homicidio simple. “Lo volvería a hacer porque vivía en un infierno y me tenían loco”, dijo el dentista desde la cárcel.

Durante el juicio oral, el odontólogo quiso justificar su brutal comportamiento: “eran ellas o yo”, declaró. Según su abogado defensor, Carlos Irisarri, hoy el odontólogo sigue pensando que “si no las mataba, ellas lo hubieran matado a él”.

Fue condenado a cadena perpetua.


Terminó en un sillón abrazado al caño frío y brillante de su escopeta española. Un rato antes había eliminado a toda su familia con nueve disparos furiosos. Ese domingo, 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda se había levantado de buen ánimo, con la idea de hacer un intento por quebrar la indiferencia de su esposa, Gladys. “Voy a limpiar las telarañas del techo”, comentó.

No tuvo éxito. “Andá a limpiar, que los trabajos de ”conchita” son los que mejor hacés”, llegó la respuesta como latigazo. Prefirió ir a podar la parra. Cuando llegó al armario para buscar un casco se encontró con la escopeta Víctor Sarrasqueta, calibre 16,5, que su suegra, Elena Arreche, le había traído de Europa.

El arma recompuso su ego. La tomó casi con pericia. Cargó rápido. Y guardó más cartuchos en el bolsillo de su guardapolvo. Entonces inició la cacería. Fue hasta la cocina, donde estaban su mujer y su hija menor, Adriana. Primero le disparó a Gladys. “Mami, está loco”, escuchó con nitidez a pesar del estruendo que rebotaba en las paredes. No se detuvo. Esta vez, los disparos fueron contra la chica.

Por las escaleras bajó Elena Arreche, la suegra, quien en la mente del dentista aparecía como “la desintegradora de la familia”. Otra vez tuvo precisión. Su otra hija, Cecilia, saltó sobre el cadáver de su abuela y le gritó: “¿Qué hiciste, hijo de puta?”. Era su preferida. También la mató.

Luego, con la prolijidad que utilizaba para acomodar su consultorio, comenzó a levantar los cartuchos usados. Los puso en una caja y los colocó en el baúl de su auto.

Barreda regresó al comedor, con un plan en la cabeza. Desacomodó algunos muebles, desparramó papeles y armó un escenario de robo. Al mediodía salió en su Ford Falcon. Tiró los cartuchos en una boca de tormenta del centro platense. Después, fue hasta un paraje cercano a Punta Lara y tiró la escopeta a un canal.

Ninguna evidencia podría cercarlo, pensó. Entonces, se fue tranquilo al zoológico. Tuvo tiempo para llegar al cementerio (“para conversar con mis viejos”, contó luego) y a las 16.30 entró a un hotel alojamiento con su amiga, Hilda Bono.

A la medianoche regresó a su casa y prendió las luces. Los cuatro cuerpos seguían ahí, desparramados.

Siguió su plan: fue a buscar un servicio de ambulancias. Y cuando llegó la Policía contó la historia de robo, fingió sorpresa y mantuvo su gesto de suficiencia.

Fue trasladado a la seccional 1. El comisario Angel Petti tenía una sospecha, pero Barreda seguía haciendo su papel. Hasta que el policía probó una fórmula: le dio un Código Penal, abierto en la página donde el artículo 34 establece la inimputabilidad. Es decir, donde se indica que no son castigados aquellos que no entienden —por locura u otra causa— lo que hacen.

Leyó el texto. Se sintió más seguro. Entendió el mensaje. Había llegado el momento de cambiar de papel. Un rato después llamó a Petti y le contó la verdad.

El 7 de agosto de 1995 reveló cada detalle del cuádruple crimen a los integrantes de la Sala I de la Cámara Penal Carlos Hortel, Pedro Soria y María Clelia Rosentock. Nunca se quebró.

Un perito, Bartolomé Capurro, aseguró al tribunal que el acusado padecía de “psicosis delirante”. Si esa teoría hubiese sido aceptada por la Cámara, Barreda habría terminado en un manicomio. Para entonces, la opinión pública estaba dividida entre quienes lo creían loco y aquellos que veían un gran simulador en él.

Después de largas jornadas de juicio, el acusado fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple. De los tres jueces, sólo Rosentock creyó que Barreda estaba loco. Y dijo en el fallo: “Era un fanático de la unión familiar que sucumbió cuando la vio desintegrarse”.

 A principios de 2008 le concedieron el beneficio del arresto domiciliario, por su buena conducta y por ser mayor de 70 años, revocada luego por violarla con la excusa de necesitar ir a una farmacia. El 11 de febrero de 2011, el beneficio de prisión domiciliaria le fue devuelto. Luego de violar el arresto domiciliario en marzo de 2011, volvió a la prisión, al final de ese mismo mes le fue otorgada la libertad condicional.

El Caso Pomar

Caso Pomar se caratuló a la desaparición de una familia que inició un viaje el sábado 14 de noviembre de 2009 desde la localidad de José Marmol rumbo a Pergamino en Buenos Aires,Argentina y nunca arribaron a destino. La familia estaba compuesta por Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán, sus hijas Candelaria y Pilar. Estuvieron desaparecidos 24 días el caso conmovió al país y ocupó los principales diarios y noticieros. El descenlace fue trágico para la familia Pomar ya que sus restos fueron hallados el martes 8 de diciembre de 2009, después de sufrir un accidente automovilístico.

Los hechos

Desaparición


Un vídeo filmado por la cámara de seguridad de un puesto de peaje registró el paso de un automóvil marca Fiat con la familia a bordo cerca de la ciudad de Luján a las 20:07 (hora argentina) del 14 de noviembre, este hecho derivó en un rastrillaje realizado por la policía tratando de dar con el paradero de la familia sin ningún resultado.

Más adelante, un nuevo vídeo de una cámara de seguridad de otro peaje registró a la familia.

Un hijo de un matrimonio anterior de Gabriela quedó a cargo de una familia amiga. Jorgelina, integrante de esta familia, especuló que si el caso es una fuga no hubiesen dejado a Franco (el hijo) a cargo de ellos ya que ella “es una madraza”.

Luis se encontraba desocupado, había concertado una entrevista laboral para el lunes 16 en Pergamino.

Testimonios de testigos y otra filmación tomada en una estación de servicio de Villa Regina, Río Negro afirman haberlos visto en esa provincia a bordo de un auto color rojo. Un pariente directo de la familia reconoció al padre de la familia en el vídeo.

A través de las grabaciones de video y de los mensajes de texto que mandó la familia a sus parientes en diferentes horarios hacen pensar a los investigadores que el auto iba lento, a 80 kilómetros por hora aproximadamente y que en un tramo de la ruta fue en donde desaparecieron misteriosamente.

Las seis hipótesis

Los investigadores del caso tenían seis conjeturas acerca del destino de la familia:

Están fuera del paísEsta teoría es improbable porque se encontraron los documentos de identidad de las menores en la casa. Indocumentadas no podrían haber pasado por ninguna aduana. Además, realizaron llamadas a celulares de los familiares avisando que ya estaban arribando a destino.
Escaparon debido a las deudas

La casa estaba en venta, el padre desocupado desde mayo no podía abonar la hipoteca. Se pensaba que existía la posibilidad de que el prestamista que le haya facilitado el dinero sea alguien peligroso.

Drama pasional

Se pensó que el padre pudo haber asesinado a su familia. Hay testigos que afirman que habían desencuentros, pero que no eran tan extremos. Incluso podría haber sido alguna ex pareja quien haya cometido el crimen, pero los cuerpos debieron haber aparecido enseguida.

Secuestro

De tratarse de un secuestro, sus captores tendrían que haber pedido rescate. De tratarse de un secuestro express, sus cuentas bancarias tendrían que estar sin fondos, los investigadores tenían la hipótesis de una conexión de Fernando, que era químico, con el Cartel de Sinaloa.

Accidente

Fue la verdadera causa de muerte de los Pomar, aunque luego de intensivos rastrillajes terrestres y aéreos por las rutas por donde se suponía que circularían los Pomar, esta hipótesis quedó prácticamente descartada por las autoridades policiales al no obtener ni siquiera pistas de la fam
ilia en cuestión, y enfocaron su búsqueda en los ríos y arroyos de la zona, suponiendo un homicidio.

Asalto

En este caso, el auto hubiese estado en un desarmadero y ellos secuestrados o muertos, pero no había testigos.

Trabajos sociológicos como el de Maximiliano E. Korstanje sugieren que las diversas hipótesis sobre el caso fueron respuestas concensuadas por la sociedad para dar respuesta a un evento que aun cuando posible, escapa a todas las posibilidades de control. En tanto que reforzadores morales de la comunidad, los medios se hacen eco de rumores cuando se altera el principio de normalidad que hace la vida posible. Cuando el evento supera las posibilidades de una comunidad, la demonización surge como una forma de nivelar la angustia y devolver a la ciudadanía el control de la situación2 .

Desenlace

La policía hizo varios rastrillajes por tierra con patrulleros, caballos, perros y personas a pie, por aire con helicópteros y por agua con lanchas. Supuestamente, se había hecho todo correctamente y no habían encontrado nada en la ruta por donde los Pomar habían pasado, por eso la fiscal del caso había descartado la hipótesis del accidente. Sin embargo, el martes 8 de diciembre de 2009, toda la familia Pomar apareció muerta al costado de la ruta 31, en un monte con espesa vegetación y se confirmó que tuvieron un accidente automovilístico.
Ahora se cruzan las acusaciones de los medios de comunicación y los familiares de los Pomar acusando a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al ministro de seguridad de la provincia y a la fiscal del caso por no investigar correctamente, ya que habían hecho rastrillajes por ese lugar pero no los habían encontrado. Recién 24 días después del accidente hallaron los cadáveres. Las acusaciones más graves son porque luego del accidente, algún miembro de la familia podría haber quedado vivo durante algunas horas y si los hubieran encontrado a tiempo quizá algun miembro de la familia se hubiese salvado, pero la mala investigación del caso hizo que después de más de 20 días los encontraran en avanzado estado de descomposición.

Yiya Murano: La Envenenadora de Monserrat

María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano (Yiya Murano) (La envenenadora de Monserrat). (1930 -Corrientes, Argentina). Es una mujer tristemente conocida en Argentina por haber cometido tres homicidios, siendo declarada culpable el 28 de junio de 1985.La historia de esta e

nigmática mujer, esposa de un abogado e hija de militares, empezó el 24 de marzo de 1979 cuando Zulema de Venturini moría en la escalera del edificio donde vivía. Los médicos diagnosticaron paro cardíaco. Las hijas de Zulema se percataron de que entre las pertenencias de su Madre, faltaba un pagaré por un valor de 20 millones de los entonces pesos ley. El portero del edificio dijo que mientras la Sra. de Venturini agonizaba en el interior del edificio, una mujer había llegado a visitarla con un misterioso paquete en mano (que luego se descubriría que eran masas, una especie de galletas dulces, muy común en Argentina), había ent

rado en la vivienda de la mujer y salió raudamente con un papel en la mano y con un frasco en otra. Era Yiya Murano, la deudora de ese pagaré.

Se realizó una nueva autopsia. Los peritos descubrieron cianuro en el cadáver, los investigadores relacionaron el veneno con el supuesto frasco mencionado por el encargado. Se supo que Nilda Gamba, vecina de Yiya, murió el 10 de febrero. A pocos días un infarto mata a otra amiga de Yiya, Lelia Formisano de Ayala. A ambas mujeres, Murano les debía dinero y ambos cuerpos presentaban signos de haber sido envenenados con cianuro. El cianuro, era camuflado dentro de las masas.

El 27 de abril de 1979 la Policía detuvo a la señora Murano en su hogar, en la calle México. En 1980, fue encontrada desmayada en el penal donde estaba presa (Ezeiza); luego de eso, se le extirpó un tumor. En el mes de junio de 1982 el juez de Sentencia Angel Mercardo la absolvió de todos los cargos y la deja en libertad.

A mediados de 1985, en pleno juicio por los ex-dictadores, Yiya había sido casi olvidada. Hasta que fue condenada. Ella insistía en que era inocente: Nunca invité a nadie a comer, fueron sus palabras.

Por reducción de la condena y la famosa ley del 2×1, salió de prisión después de 10 años. Se supo que a los jueces que intervinieron en su puesta en libertad les había enviado, como señal de agradecimiento, una caja de bombones. No se sabe si alguien los probó. Su marido había muerto; su hijo, Martín, escribió un libro difamandola. En el año 1998 se sacó una espina, la de declararse inocente delante de una buena parte de la población en uno de los almuerzos del programa de TV de Mirtha Legrand.

A Yiya se la recuerda con una especie de cariño y es motivo de bromas en determinadas conversaciones. Es el caso de homicidio que más ha llamado la atención en Argentina.

En el año 2006, el programa de televisión de Canal 13 Mujeres Asesinas, rindió una especie de homenaje al episodio, recreandolo en la serie, siendo Yiya interpretada por la actriz Nacha Guevara. Al final del episodio, se ve a la verdadera Señora Murano añadiendo un comentario al respecto y defendiendo su supuesta inocencia, brindando pruebas a su favor.

El misterio Giubileo


Es uno de los mayores enigmas de la historia policial argentina. El 16 de junio de 1985, la doctora Cecilia Giubileo tomó su guardia en el hospital psiquiátrico de Luján y nunca más se la vio. Hubo todo tipo de hipótesis, la mayoría absurdas. Salió a la luz la terrible situación de los enfermos mentales internados en esos institutos.



Estaba llena de barro. Los pies, las manos, la cara. Se estaba hundiendo en esa ciénaga pestilente que ocupaba casi veinte de las 266 hectáreas de la Colonia Montes de Oca. Mientras más se esforzaba por salir, más profundo calaba en el inmenso lodazal. Muchos la miraban, pero nadie hacía nada para rescatarla. Quería pedir ayuda, quería gritar antes de que su boca empezara a tragar tierra. De golpe, Cecilia Giubileo se incorpora y la pesadilla por fin acaba. Se había quedado a dormir en lo de su abuela adoptiva, quien la encontró transpirada y palpitante. Nunca imaginó que, esa noche, su nieta del corazón se iba a convertir en el más inexpugnable de los misterios que concibió la historia policial argentina.Aquel domingo 16 de junio de 1985, la médica tomó su guardia en la Colonia Montes de Oca, un hospital psiquiátrico para mil enfermos mentales de ambos sexos en Torres, Luján. Su ficha personal indicaba que lo había hecho a las 21.15. Firmó un acta de defunción, recetó un antifebril, charló con algunos internos y acudió a atender de urgencia una urticaria en un pabellón, cuando ya se había retirado a la casa la médica del lugar. Un paciente con el que tenía confianza la acompañó a campear los 500 metros de oscuridad que la separaban de su albergue ocasional. Había pedido tres cigarrillos para acompañar la vela leyendo, así ninguna emergencia la encontraba dormida. La medianoche se estaba imponiendo y no volvieron a solicitarla hasta el sol del lunes. La casa médica estaba cerrada con llave. Adentro, ya no había nadie.En la colonia, rápidamente, le iniciaron un sumario interno por abandono de trabajo y aseguraron que Giubileo se había retirado por sus propios medios y bajo su voluntad. Difícil saberlo: la hoja de registro del lunes en cuestión fue arrancada y su Renault 6 permanecía en el mismo lugar donde ella lo había dejado estacionado. Por diversos motivos, no hubo otros médicos de guardia esa noche. Todas las camas (incluso la de Giubileo) amanecieron prolijamente tendidas. Los únicos testigos de la quietud inquietante fueron dos zapatos de mujer que desde la mesa de luz vieron, mudos e impotentes, cómo un grupo de albañiles pintaba paredes y corría cosas de lugar. Cuando su amiga personal Beatriz Ehlinger hizo la denuncia policial por averiguación de paradero dos días después, ya era tarde: algunas evidencias se habían borrado para siempre por obra de la inesperada remodelación.“Esa demora complicó el caso de entrada, porque dificultó luego la recolección de pruebas en el último lugar donde se la vio”, dice el ex abogado de la familia Giubileo y actual diputado, Marcelo Parrilli. “El caso se manejó burocráticamente –explica–, esperando que las pruebas llegaran al mostrador. No hubo una ofensiva investigadora. La policía caracterizó que ella se había ido por su propia voluntad y eso evitó haber podido recoger de entrada pruebas que a lo mejor existieron, a lo mejor no, nunca se pudo saber.”

El caso estalló en los medios. Entonces, bajo las órdenes del juez penal del Departamento Judicial de Mercedes, Carlos Galloso, comenzaron a trabajar en la causa la Delegación de Inteligencia y la Brigada de Investigaciones de la misma ciudad, la División Antisecuestros del Puente 12, la División Homicidios y Delitos Graves de Banfield y efectivos policiales de Luján.

La paz rural de un pueblo de 1500 personas sucumbió ante la invasión de policías, fiscales, ovejeros adiestrados y helicópteros que rastrillaban gran parte de las 266 hectáreas de la colonia, escudriñando salones, pastizales, bosques, construcciones abandonadas, pozos ciegos e incluso túneles subterráneos que habían sido concebidos a principios del siglo XX para distribuir calefacción entre los pabellones.

Ante el secreto de sumario, teorías de todo tipo pretendieron calmar la sed de información. Desde la colonia seguían sosteniendo que se había retirado por sus propios medios. Algunos hablaron de una secta en Colombia, otros de un inesperado escape frente al conflicto pasional con una compañera de trabajo. En el banco, informaron que su cuenta no había registrado movimientos, mientras que la policía encontró en su departamento de Luján una caja de maicena con cuatro mil dólares. El Renault 6, en tanto, permanecía bajo custodia policial. Los que se preguntaban adónde podría ir sin dinero ni vehículo comenzaron a poner la ñata contra el vidrio de la colonia.

El ingreso principal estaba fiscalizado por un guardia que movía la barrera a su arbitrio, siempre y cuando el sueño no lo sorprendiera desparramado en su silla. El inmenso cerco perimetral que encerraba a la colonia ofrecía accesos alternativos en aquellos límites alejados del casco central a los cuales se podía llegar fácilmente desde infrecuentados caminos de tierra.

Aunque su condición de insano viciaba de nulidad toda declaración, el paciente que acompañó a Giubileo a la casa médica aquella noche dijo que, mientras regresaba a su pabellón, observó cómo un auto negro avanzaba hacia donde moraba la médica. Una interna, en tanto, fue encontrada desnuda días más tarde en una casilla rural, donde había sido violada y abandonada por un grupo de personas. Aseguraba haber visto a la doctora atada y golpeada, pero no se encontró ninguna prueba.

Semanas después encontraron el departamento de la médica revuelto. Al poco tiempo apareció allí la cartera que tenía la noche final. En ambas oportunidades, la vivienda estaba bajo custodia judicial. La colonia comenzó a recibir algunas visitas sospechosas por las noches y varios de los allegados a Giubileo confesaron haber sufrido amenazas anónimas. Entre tanta verborrea, el silencio se hizo oír. ¿Qué es lo que no se podía decir?

Los rumores fueron imprecisos pero igualmente espeluznantes: a falta de información oficial, se impuso la idea de que la médica estaba investigando una supuesta red de tráfico de órganos, córneas y sangre que operaba clandestinamente con los internos, muchos de los cuales eran depositados por familias pobres que jamás los reclamaban o directamente eran derivados desde otros lugares del país sin mayor datos y erraban en la soledad rumbo a una muerte lenta como ignotos NN. Incluso, se dijo que había acopiado frondosos biblioratos que la volvían una persona peligrosa para ciertos intereses espurios. Un grupo de 40 empleados de Montes de Oca salió a contraatacar a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Salud y Acción Social, en el cual dudaban de la buena fe de quienes colocaban a Giubileo como la “investigadora de hechos delictuosos sólo existentes en la mente de quien los inventó”.

En el Juzgado de Mercedes hicieron saber su fastidio. Muchos estaban más preocupados por anotarse declaraciones estruendosas en los medios que, luego, no se animaban a sustentar en el estrado. Pero el policial negro recargó sus tintas cuando el misticismo comenzó a tomar la posta en noviembre de 1985. Aunque en principio lo desmintieron, una cinta de mala calidad llegó a una comisaría de Luján. En ella, alguien se presentaba como Cecilia Giubileo y pedía que no la buscaran más porque estaba bien, rodeada de amigos y con la paz que tanto había buscado. Mientras se peritaba infructuosamente el material, una parapsicóloga decía ver un cuerpo en el fondo de un tanque de agua idéntico al de la colonia. Los diestros especialistas que se encargaron de la tarea hallaron un gato muerto. Parrilli propuso algo más real y también más difícil: drenar la inmensa ciénaga que, de tanto en tanto, escupía algún interno sin vida. “Si supuestamente la mataron en la colonia y querían ocultar su cuerpo, ése era el lugar ideal. Dijeron que no había fondos para el drenaje. Una barbaridad, como también es una barbaridad que exista una ciénaga en un lugar donde hay desplazamiento de gente, más aún en un instituto de salud mental”, sostiene el abogado.

Para 1986, la investigación ya estaba en terapia intensiva. “Obtener datos fue muy difícil porque, en general, la gente de la colonia no hablaba”, recuerda Parrilli. “Había muchos problemas de corrupción interna, de todo tipo, y se mantenía una suerte de equilibrio biológico en el cual ‘si me mandás al frente a mí, yo te mando al frente a vos, yo robé esto pero vos aquello, yo le pegué a este interno y vos a aquél, yo violé a esta interna y vos a la otra, cosas así’.” Y no sólo eso: “Algunos empleados también estaban trastornados. Te daban datos según el humor con el que los agarrabas y, de esa forma, no tenías un punto de referencia en el cual hacer pie. En ese marco fue difícil establecer si las cosas sucedieron por un delito, falta de recursos, desidia, imprudencia o porque alguien quiso que ocurrieran de determinada forma. Todo era posible. Lo más ‘prolijo’ es que la hayan matado esa misma noche y la hayan tirado en la ciénaga. Pero ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Imposible saberlo. Nunca pudimos encontrar nada”.

“La desaparición fue un tema personal y extrahospitalario”, sostiene Julio Acedo, contemporáneo de Giubileo en Montes de Oca y Open Door, quien reproduce una sospecha compartida con varios ex compañeros: “Yo creo que está viva y no sé si en el país”. A Francisco Merino, confidente de Cecilia en sus últimos tiempos, le sorprendió el repentino silencio de su familia cuando la causa naufragaba invariablemente: “Tiempo después, vi a uno de sus hermanos y me dijo ‘yo no sé nada’. No sé qué habrán pensado o si a lo mejor estaban amenazados”.

Por falta de pruebas o desidia investigativa, la carátula de la causa se mantuvo invariable por “búsqueda de paradero”. En 1995, un periódico de la localidad bonaerense de Colón dijo que en la laguna de Pearson se habían encontrado huesos femeninos que podrían haber pertenecido a Giubileo. Otro enigma indescifrable: la falta de presupuesto impidió las pericias y los exámenes genéticos.

EL CASO SILVIA CICCONI

Silvia Angélica Cicconi tenía 17 años y era hija única. Sus padres eran los dueños del restaurante Nueva Italia, en Mar del Plata, y vivían en la casa de al lado del local, sobre la avenida Luro 5154, cerca de la estación del ferrocarril.

Durante la madrugada del 27 de agosto de 1981 llovía y hacía frío. Los Cicconi salieron a tomar un café y dejaron a Silvia durmiendo.

Volvieron a las 2 de la mañana y encontraron la puerta de calle cerrada con doble vuelta de llave, como la habían dejado.

Silvia seguía sobre su cama, pero estaba muerta. Le habían dado 27 puñaladas con una cuchilla del restaurante, y tenía las manos atadas con una media de nailon.

El crimen conmocionó a Mar del Plata y al país durante varios meses. Se sospechó de un ex novio de la chica, Raúl Alberto Mingini, pero no hubo pruebas contra él. Se dijo que era un crimen vinculado al narcotráfico, pero nunca aparecieron indicios claros.

La presión por esclarecer el caso llevó al entonces jefe de la Policía Bonaerense -un militar de apellido Guerrero- a decir que estaba en juego “el honor de la institución” para encontrar al culpable.

Seis meses después, en febrero de 1982, la Policía anunció que tenía a dos asesinos confesos. Uno era un ex boxeador que quedó libre enseguida porque se probó que durante la noche del crimen había estado preso en la misma comisaría marplatense donde después quisieron culparlo.

El otro era Saturnino “Pacha” Pérez, un vagabundo que vivía por la zona y que en su confesión había dicho que mató a la chica para robar en la casa.

Su detención se hizo confusa cuando se supo que en el lugar había mucha plata a la vista y no fue tocada por el asesino. Entonces Pérez dijo que se hizo cargo del crimen porque no soportó las torturas a las que -según denunció- lo sometió la Policía.

Durante la investigación declararon más de 100 testigos, y un diario marplatense tituló una vez: “El síndrome Sofovich en el caso Cicconi”, porque muchos declararon que la noche del crimen estuvieron en sus casas mirando Polémica en el Bar, el programa que entonces dirigía el animador.

Pérez fue condenado en 1984 a prisión perpetua por el juez Bernardo Fissore. Hasta que el gobernador Eduardo Duhalde firmó la conmutación de la pena.

EL CASO NORMA MIRTHA PENJEREK

Le decían Pipi, tenía 16 años. Fue a la clase de inglés y nunca volvió. Vivía en el barrio de Floresta, era la única hija del empleado municipal Enrique Penjerek y de la enfermera Clara Breitman. Cursaba el quinto año del Liceo de Señoritas N° 12 y soñaba con estudiar odontología. Se llamaba Norma Mirta Penjerek.

A las siete de la mañana del 29 de mayo de 1962 el termómetro marcaba una décima de grado bajo cero: era el día más frío del año.

–Nena, no se te ocurra ir a inglés, esto es Siberia –le dijo su mamá cuando ella volvió del colegio–. Además, no hay colectivo.

–¿Por qué?, ¿qué pasa?

–Hay paro general.

A Norma Mirta, como a toda chica de su edad, la casa la oprimía. ¿Quedarse en su cuarto, escuchando el último disco de Elvis Presley? ¿Escribiendo en su diario –poemas, pensamientos, fantasías– con esa letra redonda y prolija? Pero a Norma Mirta, esa muchacha de mirada soñadora, ¿qué le importaba de la CGT?

Además, cuando había paro, los dueños manejaban los colectivos. Norma Mirta envolvió su cuello en una bufanda de lana.

Esa tarde, la señorita Perla, la profesora de inglés, la notó un poco lánguida. La clase de inglés duró desde las siete y diez hasta las ocho menos cuarto. Veinte minutos después, Norma Mirta tendría que haber estado en casa. La señorita Perla Stazauer de Priellitansky era profesora de inglés en el colegio Cinco Esquinas y daba clases particulares en su casa de Boyacá 420. ¿Le había dicho algo Norma Mirta aquella tarde? Sólo después, cuando pasó todo, a la profesora le pareció que la muchacha estaba preocupada.

De Boyacá al 400 hasta la casa de los Penjerek, en la avenida Juan Bautista Alberdi 3252, hay unas 17 cuadras. ¿Qué camino hizo Norma Mirta? ¿Acaso subió a un colectivo 76, que –por el paro– pasaba cada muerte de obispo? ¿Caminó? ¿Hubo algún incidente en aquella tarde que ya era noche invernal?

A las nueve, la mamá, ya muy inquieta, hizo lo que hacen todas las madres: llamó a las compañeras y a las amigas de su hija.

–No, señora, yo no la vi…

La última esperanza de los padres era una chica llamada Aída Robles, la amiga íntima de Norma Mirta. Pero Aída no sabía nada.

A la medianoche, el señor Penjerek llegó a la comisaría 40a. y denunció que su hija había desaparecido. ¿Cómo iba vestida? Una pollera gris tableada, un blazer azul.

Las semanas pasaron con la lentitud de una tortura. Todas las hipótesis fueron barajadas y descartadas. Se descartó que hubiera sufrido un accidente: ni en los hospitales ni en las clínicas había señales de Norma Mirta. Sencillamente, la ciudad se la había tragado.

La sociedad apenas percibió este drama. Era sólo una chica perdida en la ciudad inmensa. Quedaron algunas huellas, pocas. Una pequeña noticia en algún diario: “Extraña desaparición de una jovencita”.

A los diez días, la familia publicó una solicitada con la foto de Norma Mirta: “Se busca”. Como siempre en estos casos, acudieron mitómanos y perversos; también, alguna gente de buena fe, confundida. Un vivillo pidió dos mil pesos para revelar la verdad sobre la muchacha: se descubrió que no sabía nada y quedó detenido por tentativa de extorsión.

Pasó un día y otro y otro. Norma Mirta Penjerek sería un nombre más en la larga nómina que llena los ficheros de la Sección Desaparecidos del Departamento de Policía.

Un cadáver desnudo

Cuarenta y seis días después de la de­saparición de Norma Mirta, a las seis de la mañana del lunes 16 de julio de 1962, sonó el teléfono en la planta baja D de la avenida Juan Bautista Alberdi. Los padres, antes de descolgar, intuyeron que sería una mala noticia.

El domingo 15, un perro había olfateado algo en unos terrenos baldíos de Llavallol, en el sudoeste del Gran Buenos Aires. Un objeto extraño asomaba en el fango. El perro pertenecía a un guardián del Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La Plata. El hombre tardó en reconocer esa forma. Eran los dedos de una mano. El lugar no podía ser más lóbrego: unos potreros usados para experimentar cultivos. Personal de la comisaría de Llavallol concurrió inmediatamente y desenterró el cadáver, ya muy descompuesto, de una mujer desnuda.

Aquellos policías provinciales actuaron con poco profesionalismo, según críticas que se formularon luego. No acordonaron el lugar para conservar huellas. Lo pisotearon. Tampoco interrogaron al guardián. No se analizaron algunas prendas halladas cerca: un corpiño, un pulóver marrón y una enagua celeste. Ninguna de ellas pertenecía a Norma Mirta.

¿Quién era la mujer encontrada en Llavallol?

Había sido estrangulada con un alambre y un instrumento cortante le había seccionado la vena cava superior. La primera autopsia la hizo el forense doctor Carlos Garay. Determinó que la víctima era una mujer de 1,65 de estatura y unos veinte años de edad. Esto no coincidía con Norma Mirta, que medía 10 centímetros menos.

Horrorizados, los padres fueron a la morgue de La Plata. El cadáver desfigurado de Llavallol no les recordó para nada a la hija perdida. Una segunda autopsia, realizada por el doctor Antonio Lara, rescató una huella dactilar, la del dedo anular de la mano izquierda. Según este forense, era la única huella reconocible. La comparó con la ficha dactiloscópica de Penjerek. Eran idénticas. Según esta autopsia, la muerte se habría producido el 6 de julio, con un margen de 48 horas en más o en menos. O sea: entre el 4 y el 8 de julio de 1962. Pero esto no coincidía con el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo cuando había sido hallado, el 15 de julio. Norma Mirta se atendía en el consultorio de un dentista de Floresta, quien reconoció la dentadura del cadáver. Con este testimonio, la Justicia dictaminó que el cadáver de Llavallol era el de Penjerek. La causa por homicidio recayó en el juzgado del doctor Alberto Garganta, en los tribunales de La Plata. El 25 de agosto de 1962, el cuerpo fue devuelto a la familia.

Una multitud acompañó el féretro a su última morada en el cementerio de La Tablada.

EL CASO NAHIR MOSTAFÁ

Nair Mostafá era una nena de 9 años que el domingo 31 de diciembre de 1989, a las tres de la tarde, se fue a la pileta del club Huracán, a unas 25 cuadras de su casa. Cuatro horas después su mamá, Liliana Fuentes, la fue a buscar al club pero allí nunca había llegado. Desesperada, fue a las casas de las amigas de la nena. Nada. Fue a la Comisaría 1ª. a denunciar la desaparición de su hija. Y entonces le dijeron: “Ahora no podemos buscarla, señora, porque estamos festejando el Año Nuevo”. Fue tres veces más y las tres veces le dijeron lo mismo. “El comisario no está y el subcomisario (Norberto Sosa) no la puede atender”. Faltaba que remataran con un: ¡”Váyase”!

De la comisaría fue a la única emisora de radio AM, LU24, donde Amílcar Binse y Omar Alonso hicieron público el pedido de ayuda. Los vecinos se fueron reuniendo para realizar el mismo recorrido que creían que había hecho Nair hacia el club. El bombero voluntario Oscar Ford organizó la búsqueda. Ya había llegado el Año Nuevo cuando un vecino se metió en unos pajonales en las vías del ferrocarril Roca, entre las calles Falucho y Brandsen, cerca de la Escuela Nro. 6, y encontró a Nair boca arriba, con las ropas desgarradas. Tenía golpes y mordiscos, la violaron y estrangularon. Murió entre las 22 y 23 del domingo 31, cuando la mamá había sido rechazada de la comisaría. Cafiero le dijo a la madre: “Le pido perdón en nombre de la Humanidad. Le prometo que los culpables del crimen serán encontrados”. Nunca lo fueron. La promesa se tradujo en pistas falsas, desaparición de pruebas y la acendrada inoperancia de la Policía bonaerense.

El 4 de agosto de 1990 Carmelo Piacquadío, un hombre de 36 años, barrendero de la municipalidad con deficiencias mentales, confesó el crimen. Estuvo preso durante un año y medio en el penal de Melchor Romero. El entonces procurador de la Suprema Corte Bonaerense, Eduardo de Lazzari, propuso la anulación del juicio contra Piacquadío. La familia de Nair sostuvo con firmeza que se trataba de un inocente con el cual las autoridades querían desembarazarse del caso. “Los verdaderos responsables de la muerte de mi hija siguen en libertad”, dijo entonces Liliana Fuentes.

El 6 de octubre de aquél año detuvieron en Lanús al mecánico dental Jorge Meglía, acusado de violar a dos nenas de 6 y 7 años en la localidad de Almirante Brown. La mamá de Nair y su abogado Miguel Angel Asad, siempre sostuvieron que Meglía era el responsable del crímen de Nair. Se dijo que un hombre muy parecido a Meglía estuvo merodeando el hospital donde se realizaba la autopsia de la nena. Curiosamente los policías que lo habían detenido fueron sancionados y apartados del caso sin explicación. La pista Meglía no prosperó.

El 2 de febrero de 1991, el periodista Evaristo Alonso, el dueño de la radio que le permitió hablar a la mamá de Nair aquella fatal noche del 31 de diciembre de 1989, murió al volcar su auto en cuando viajaba hacia Buenos Aires. Muchos dudaron de que se tratase de un accidente automovilístico.

El caso tuco otros sospechosos. Por ejemplo, Jacobo Pastuchik, padrastro de Nair y conocido de Meglía, un hombre involucrado además en un caso de tráfico de drogas. También, el 20 de julio de 1991 se detuvo a Santiago Dalinier, que tenía las llaves de la Escuela Nro. 6 donde se dijo que fue llevada Nair antes de aparecer entre los pajonales. En dos meses cuatro detenidos, todos liberados a fines de 1991. El último de los sospechosos fue uno que, como Piacquadío, confesó haber matado a la pequeña. Se trató de Fernando Ignacio Bayugar Aispurúa, de 25 años, que apareció de buenas a primeras en 1998 y se echó la culpa. Y tal como Piacquadío, se trató de otro hombre con gravísimos problemas mentales y ninguna relación con el asesinato.

Los jueces del caso se sucedían vertiginosamente y muchos quedaron salpicados con denuncias de mal desempeño. Con una llamativa inoperancia, detuvieron a 10 sospechosos de los cuales todos fueron luego desvinculados. Y el caso se hundió irremediablemente, mal investigado. El caso fue finalmente archivado por prescripción en mayo de 2005. Sobrevive en cambio una inmutable fotografía, que no prescribe ni se archiva, todo lo contrario, resurge cada vez que se nombra a Nair Mostafá porque tiene el extraordinario poder de renovar el recuerdo de una carita redonda y hermosa, de ojos perfectos, que mira con una sonrisa.

EL CASO JIMENA HERNANDEZ

El día 12 de julio de 1988 a las 15:45 hs se largaron las competencias intercolegiales de natación en la pileta cubierta del colegio Santa Unión. Jimena Hernández, alumna del colegio, debía participar en una carrera. Una hora más tarde la empezaron a buscar porque no aparecía por ningún lado. Uno de los chicos que se metió en la pileta luego de finalizar el torneo, a las seis de la tarde, se dio cuenta de que en el fondo de la pileta había un cuerpo. Era el de Jimena.

Unos dijeron que fue un accidente. Otros sostuvieron que había sido violada y asesinada. Lo cierto es que hubo un expediente de más de diez tomos que pasó por media docena de jueces y que tiene más de cien testimonios, dos autopsias, peritajes químicos y hasta una reconstrucción.

El juez Mauricio Zamudio habló al principio de un pacto de silencio en el colegio. Después decidió cerrar la causa por falta de pruebas, pero fue reabierta por orden de la Cámara. Comenzaban a tomar fuerza algunos rumores de que Jimena había visto algo que no debía y que por eso la habían matado.

Los indicios que fueron apareciendo en el expediente judicial, jamás fueron profundizados por la Justicia y ello podría haber ayudado a resolver toda la trama. Por caso, se debería haber investigado a Oscar Bianchi, el profesor de educación física del colegio Santa Unión, de quien todas las evidencias señalan que podría ser el autor del crimen.

Lamentablemente, hubo en esos días un fuerte encubrimiento por parte del rector de esa misma institución, Jorge Sobrino, quien supo dominar a la justicia gracias a su amistad con el entonces vocero presidencial, José Ignacio López. El hijo de este último es el otro gran responsable de la muerte de Jimena.

¿Qué ocurrió con la pequeña? Todo apunta a creer que Jimena vio algo que no debía ver, presumiblemente estupefacientes, ya que innumerables denuncias en esos días apuntaban a que en el colegio circulaban drogas prohibidas de diversa índole.

Han reforzado esta sospecha los múltiples informes de inteligencia en los que se asegura que en el Colegio Santa Unión se preparaban autos “truchos” (con documentación adulterada) para ser intercambiados por cocaína en la provincia de Catamarca. Esta hipótesis fue reforzada por la DEA (Administración de lucha contra las drogas), que estaba muy interesada en investigar la conocida conexión del colegio con el tráfico de drogas. El padre de Jimena, Jorge Hernández, asegura que en la embajada de Estados Unidos le dijeron que habían abierto una investigación a este respecto.

Paradójicamente, el mismo día que apareció muerta Jimena, caía la banda de narcotraficantes de la “Operación Langostino”, en un procedimiento en el que se secuestró uno de los cargamentos de cocaína más grandes de la historia argentina.

EL CASO MARIA SOLEDAD

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Dos hombres paran el auto a un costado de la ruta y bajan caminando por el camino de tierra hasta el monolito. Toman un par de fotos y luego otra a la escultura que recuerda a María Soledad Morales. En ese lugar descampado, hace veinte años, fue encontrado el cadáver desfigurado de la adolescente y, días después, se inició un movimiento social en reclamo de justicia que terminó con un gobierno que soñaba con perpetuarse en el poder, y con un condena, ocho años después, a los autores del crimen. El lugar no deja de ser visitado por cuanto turista memorioso pasa por Catamarca. Aunque para la nueva generación de adolescentes no tenga el mismo significado.

“Le hablo desde la casa de María Soledad”, dice Ada Morales. Había levantado el teléfono y marcó de memoria un número. Hace veinte años que su hija no está pero ésa sigue siendo su casa. El lugar está casi igual que entonces, con la fachada recién pintada pero siempre con una construcción sin terminar. Sólo se agrandaron el comedor diario y la cocina, porque son más las personas que se sientan a comer: de sus seis hijos, cuatro siguen viviendo en la casa y Ada cuida a cuatro de sus cinco nietos. “Sigo siendo ama de casa”, dice.

Además de los Morales, son pocos en la provincia los que aceptan hablar del caso. “Es una historia cerrada”, define, en cuatro palabras, un hombre de 28 años que vivió el caso durante su niñez. Si hasta en el Colegio del Carmen y San José, donde María Soledad estaba a punto de egresar cuando fue violada y asesinada, sólo se habla del tema cuando alguno de los estudiantes pregunta, lo que tampoco es muy frecuente, según admite el representante legal de la escuela, Raúl Goitea.

La historia comenzó a cambiar en Catamarca en ese colegio, cuando las compañeras de María Soledad decidieron reclamar justicia con una Marcha del Silencio. “La primera fue el viernes 14, lo decidimos las delegadas de cuarto y de quinto año. Vino el jefe de policía a presionar al colegio para que no la hiciéramos, pero la hermana Martha Pelloni nos apoyó y la marcha se hizo igual”, cuenta a Página/12 Silvia Vizcarra, por entonces delegada de cuarto año. Martha Pelloni era la rectora del colegio. A la semana siguiente recibieron el apoyo de los centros de estudiantes de otras escuelas y de una comisión de padres. Y más tarde, la adhesión de una multitud, como nunca habían visto las calles de Catamarca.

El reclamo terminó con el gobierno de Ramón Saadi y con una dinastía política de cuarenta años: la provincia fue intervenida en abril de 1991 por el gobierno nacional y en diciembre de ese año el saadismo perdió las elecciones a manos de una alianza. Desde entonces, en 19 años, nunca pudo ganar unos comicios.

El caso y sus fantasmas regresaron en abril último, cuando salió en libertad condicional Guillermo Luque, condenado a 21 años de cárcel por el homicidio. El otro, Luis Tula –quien había sido novio de María Soledad–, sentenciado a nueve años como partícipe necesario, ya estaba en libertad. Hubo otros acusados por el crimen. Hubo pedidos de investigación por el encubrimiento, que llegaron hasta el propio ex gobernador Ramón Saadi y su entorno. Nada de eso prosperó: la investigación judicial languideció y hay quien no descarta que ese final fue fruto de un pacto político que le puso al caso el sello de cosa juzgada.

Ahora, a veinte años del crimen, la memoria estará presente apenas en dos ceremonias íntimas: una misa en la parroquia de Villa Dolores, en Valle Viejo, donde vive la familia Morales, y otra en el Colegio del Carmen y San José. En las dos estará presente la hermana Pelloni.

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El colectivero Carlos Ponce circulaba con un solo pasajero esa madrugada del 10 de septiembre de 1990 cuando vio unas luces junto a la ruta, en el camino de Valle Viejo al centro de la ciudad. Se detuvo, se acercó y reconoció allí a dos policías que le dijeron que se vaya, que siga su camino. En ese mismo lugar, horas después, unos obreros de Vialidad encontraron el cuerpo desnudo y mutilado de María Soledad.

El colectivero dio su testimonio una y otra vez, pese a las presiones. Acusó a los dos policías, poniendo al descubierto la posible complicidad del aparato estatal de entonces con el crimen. Y fue uno de los testigos clave en el juicio. Hace unos meses, Ponce murió víctima de un accidente cerebro vascular. Todavía trabajaba como colectivero.

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El comedor de la casa de los Morales es más bien un recibidor, pero también una suerte de santuario. Allí están los murales con las dos fotos más conocidas de María Soledad: una, con el vestido de los quince años, con un cerco de ligustros como fondo; la otra, con el uniforme escolar. También hay dos retratos de la hermana Martha Pelloni y uno del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado en 1997.

“Me dolió mucho que no cumplieran la condena completa pero respetamos lo que la Justicia decidió”, dice Ada, que lleva grabado para siempre el dolor en la memoria. “Fue tan grande el tormento que sufrí por las cosas que dijeron de una niña que fue asesinada, cosas injustas, para justificar lo injustificable”, agrega.

Ada tiene un agradecimiento eterno hacia las compañeras de su hija y a toda la gente que participó en las Marchas del Silencio. “También les agradezco siempre a los testigos que no cambiaron su declaración a pesar de las presiones. Admiro su valentía. No era fácil hablar en un clima de amenazas, con un gobierno que estaba desde hacía cuarenta años en el poder y se sentía con impunidad”, dice Ada.

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“Fue el sacrificio de una persona para que una sociedad tomara conciencia de que tenía que reaccionar, de que tenía que haber un cambio”, reflexiona ahora el abogado Luis Segura, representante legal de la familia Morales junto al jurista cordobés José Buteler. Segura reconoce que en la provincia ya no se habla del caso que les cambió la vida, sobre todo los que tienen menos de 35 años, pero destaca que en Catamarca “ha cambiado la opinión de la gente sobre las cosas públicas, hay conciencia en la sociedad sobre el valor de la vida humana, la integridad sexual de los jóvenes y la protección de la familia”.

Es que a fines de los ’80 y principios de los ’90 el abuso de poder era moneda corriente en la provincia. Los hijos de los hombres poderosos y sus amigos, gente vinculada con el comercio de drogas y con la trata de mujeres, tenían vía libre para cometer atropellos. Las víctimas solían ser las chicas de clase media baja. Así lo contaron muchos de los testigos que, en el juicio por el crimen de María Soledad, pintaron la realidad de Catamarca de esa época.

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Apenas las primeras sospechas apuntaron a Guillermo Luque, el hijo del diputado nacional Angel Luque sobreactuó su ausencia en Catamarca, ese fin de semana. Para eso presentó un fárrago de supuestas pruebas de su estadía en Buenos Aires, en esos días, sin que nadie se lo pidiera.

Casi de inmediato aparecieron los testigos que lo habían visto en la provincia, con barba, pelo largo y un arito, como solía usar entonces y como nunca más se lo vio.

Angel Luque era hombre de Saadi y amigo del entonces presidente Carlos Menem. Tan amo y señor se sentía que llegó a decir en defensa de su hijo que si Guillermo hubiera sido el asesino, el cadáver nunca hubiera aparecido. Esa frase le costó la carrera política: fue expulsado de la Cámara baja por sus pares.

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En el verano del ’91 la provincia era una caldera. Ramón Saadi convocó a una “marcha de la verdad”, en la que sus seguidores se dedicaron a acusar a la oposición y a los medios nacionales de conspirar contra su gobierno. Por si algo faltaba, Menem designó como investigador al policía Luis Patti, un hombre con pasado en la represión ilegal y que no ocultaba su predilección por la tortura como método para la pesquisa policial. También nombró a un interventor judicial y a un juez ad hoc, José Luis Ventimiglia, que le dictó la prisión preventiva a Luque.

Hubo dos juicios orales. Algo nunca visto, el primero fue transmitido en directo por televisión: a cada testimonio controversial le seguía la presentación de algún involucrado, que espontáneamente concurría a refutar lo que había visto y escuchado y, si era posible, exigir un careo con el anterior. Las cámaras y una mirada atenta permitieron descubrir un gesto de complicidad entre dos de los jueces a espaldas del presidente del tribunal. La prohibición de la televisación, la renuncia de los jueces y la anulación del juicio precipitaron el derrumbe de ese juicio, en 1996.

Dos años después, un nuevo proceso, más prolijo, le permitió al fiscal Gustavo Taranto enhebrar a partir de los testimonios el camino que llevó a la muerte a María Soledad. La chica salía en la madrugada del 8 de septiembre de la fiesta que había organizado con sus compañeras de quinto año, en el boliche Le Feu Rouge. En el camino se encontró con su ex novio, Luis Tula, quien la llevó hasta el boliche Clivus. Ahí estaba Guillermo Luque con su banda de amigos. Tula dejó a la chica en manos de ese grupo, que la llevó al lugar donde la intoxicaron con cocaína y la violaron, hasta que sufrió un shock. La llevaron hasta la casa de Angel Luque y de allí al Sanatorio Pasteur, donde intentaron reanimarla sin éxito. Después se deshicieron del cuerpo. Luque viajó ese mismo lunes 10 de septiembre a Buenos Aires.

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En el Colegio del Carmen y San José el caso también forma parte de la historia. “Se habla del tema, claro, cuando alguno de los chicos pregunta, como ocurrió este año, cuando Luque salió en libertad condicional”, dice Goitea. El colegio ha cumplido doscientos años y en el libro editado en conmemoración se dedicó una página a María Soledad y a la hermana Martha Pelloni, rectora de la escuela hasta que fue separada por presión del obispo local, Elmer Miani.

Hace veinte años, el Colegio del Carmen era una escuela de niñas. Ahora es mixto. El aula donde cursó María Soledad su último año fue convertida hace años en la dirección de la escuela. Junto a la puerta, una placa de bronce consagra a la joven asesinada como “ángel tutelar de la juventud”. Como entonces, aunque la escuela es privada, hay un centro de estudiantes, “que es parte del proyecto educativo: es que la realidad de los jóvenes, hoy, no está tan comprometida con lo social”, explica el representante legal.

“Queremos dejar un mensaje a los chicos de que ese hecho fue un abuso a los derechos de los jóvenes”, agrega Goitea, ex religioso marista y hombre de confianza de la hermana Pelloni.

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Luis Tula se recibió de abogado en La Rioja y ahora trabaja en los tribunales de Catamarca. “Desde el año ’98 no doy notas”, le dice a Página/12, al rechazar cualquier posibilidad de entrevista. En los tribunales se suele cruzar con el abogado de los Morales, Luis Segura, con quien se saluda, pero nada más. La madre de María Soledad no suele ir muy seguido por la ciudad, pero en una de esas ocasiones se cruzó con “el Tula”.

“Me quedé dura cuando lo vi”, recuerda. “Es horrible encontrarse con el asesino su hija. Cuando me vio, aceleró el auto y se fue.”

Guillermo Luque también sigue viviendo en Catamarca, aunque no se deja ver demasiado por la ciudad. Trabaja en el estudio de su ex cuñado, el ex diputado Oscar Romero, quien estuvo casado con la hermana de Luque. Tiene dos hijos y está separado de su mujer.

Cuando salió de la cárcel con libertad condicional, en abril, anunció que iba a dar una conferencia de prensa pero sólo concedió una entrevista para un medio local. Allí parece darles la razón a aquellos que dicen que su peor enemigo fue su propio padre. “Por el beneficio de mis hijos, he decidido no participar en política”, descartó, como si allí tuviera algún porvenir.

Dicen que vive en la casa de su padre, en el caserón bautizado con el presuntuoso nombre de Puerta de Hierro, apenas a unas diez cuadras de la casa de la familia Morales. El estado de salud de Angel Luque es tan delicado que hay periodistas que revisan cada tanto los avisos fúnebres porque creen que sólo de esa manera se van a enterar de su partida.

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Veinte años después del crimen, a doce de la sentencia, la investigación a los cómplices del homicidio y a los encubridores quedó archivada en el cajón de las causas prescriptas. Los observadores hablan de un pacto entre el saadismo y el castillismo (por el ex gobernador del Frente Cívico Oscar Castillo) para lavar una mano con la otra y dejar las cuentas pendientes en fojas cero.

Tal situación le dio pie a Ramón Saadi –por primera vez desde 1983 sin cargos electivos– a reprochar que todas las acusaciones de protección y encubrimiento contra su gobierno fueron infundadas.

El gobernador Brizuela del Moral, ex radical K, ex cobista y ahora afín al alfonsinismo, acaba de lanzarse como precandidato para un tercer mandato. No necesita reformar la Constitución provincial: hará uso, en tal caso, de la que promovió don Vicente Saadi en 1988, cuando soñaba perpetuar su dinastía. “Es la paradoja del saadismo”, dice el periodista local Alberto Avellaneda, director de radio El Ancasti durante el apogeo del caso María Soledad.

Luis Barrionuevo sigue siendo el hombre fuerte del peronismo catamarqueño. En el kirchnerismo local sigue pesando Armando “Bombón” Mercado, el ex marido de Alicia Kirchner. Para completar el espectro, se lanzó como “peronista renovador” Raúl Jalil, hermano de quien fuera intendente saadista de Catamarca y socio propietario del Sanatorio Pasteur.

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Ada y Elías Morales, con sus hijos y sus nietos, algunas de las ex compañeras del Colegio del Carmen y con la hermana Martha Pelloni van a recordar a María Soledad este miércoles con una misa en la capilla de Villa Dolores, cerca de la casa de la familia.

Ada se ha convertido en estos años en una militante por las causas que quedan envueltas en la telaraña de la impunidad. “Dentro de mis posibilidades, porque sigo siendo ama de casa y ahora tengo nietos que cuidar”, aclara. Así, ha estado junto con la familia de Sebastián Bordón y Miguel Bru, dos chicos asesinados por la policía, entre otros, y también con las Madres del Dolor. “Estoy mucho tiempo sola. Pero no estoy sola, porque siento que me acompaña mi hija. Ella, que se llama Soledad, es la que me acompaña y me da fuerza. Y entonces, cuando me entero de algún caso, les pido a los periodistas que conozco que me consigan el teléfono de la familia. Me comunico con ellos, les digo que no hay que bajar los brazos, que sigan adelante. Trato de darles fuerzas para que se preparen a escuchar cualquier barbaridad de sus hijos que justifique lo que les pasó. El famoso ‘algo habrá hecho’ que también padecimos nosotros.”

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